Mit der partiellen Archivöffnung aus den Zeiten der spanischen sozialistischen Regierung unter José Luis Zapatero wird bekannt, dass der spanische Geheimdienst auf Anweisung des spanischen Innenministeriums und der Regierung Zapatero massiv die mauretanischen und senegalesischen Schlepper bestochen hat, um sie von der Organisation der Fluchtpassage zu den Kanarischen Inseln abzubringen. 2006 hatten noch 31.859 Boat-people aus verschiedenen westafrikanischen Ländern die Kanarischen Inseln erreicht, anschliessend sank die Zahl der Ankommenden rapide. Der spanische Geheimdienst zahlte den Bootsbesitzern und Bootsfahrern längs der Tausende Kilometer langen Küste Gelder mindestens in Höhe der Transporteinnahmen. Zudem versuchte der spanische Geheimdienst, den Nachschub und die Reparatur der zumeist japanischen Bootsmotoren zu unterbrechen. Diese Operationen geschahen unter Billigung und Mitwissen der mauretanischen und senegalesischen Regierungen. Die spanischen Botschaften in beiden Ländern waren hierbei eingeschaltet.

Diese Praxis ähnelt dem Vorgehen des ehemaligen italienischen Innenmisters des sozialdemokratischen Partito Democratico Marco Minniti, der 2017 einige westlibysche Milizen unter die finanziellen Fittiche des italienischen Geheimdienstes nahm, um diese von „Schleppern“ in Flüchtlingsjäger zu verwandeln.

Die geheimen Operationen der spanischen Regierung Zapatero sind berüchtigt, insbesondere der Aufbau der staatsterroristischen Gruppe GAL aus Geheimdienstlern und dem Rotlichtmilieu. Die spanische GAL ermordete in den 1980er Jahren überwiegend im französischen Baskenland, aber auch in Spanien 26 Personen – Militante aus der Unabhängigkeitsbewegung und aus dem ökologischen Protest.

El País | 14.07.2018

El CNI pagó a dueños de cayucos para frenar la inmigración ilegal

Fuentes cercanas al Gobierno de José Luis Zapatero reconocen que la situación era insostenible y decidieron actuar en los países desde los que salían los barcos

José Antonio Hernández

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) usó fondos reservados para frenar la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo su punto culminante en los años 2006 y 2007. Según fuentes próximas al Ejecutivo de entonces, se pagó a los dueños de los cayucos para que dejaran de transportar a inmigrantes. Otras fuentes solo reconocen que se puso en marcha una operación para interrumpir el suministro de repuestos a estas redes, sobre todo de motores para los cayucos.

A finales de 2006 el CNI decidió actuar directamente en los lugares de origen de los inmigrantes subsaharianos y pagar dinero sobre el terreno, con fondos reservados, para que se detuviera el trasiego hacia España de pateras cargadas de inmigrantes, algunos de ellos mujeres embarazadas y niños.

Fuentes cercanas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconocen que la situación era insostenible en aquellos años, y que llegaron a la conclusión de que la mejor manera de cortar la llegada de barcazas era actuar de raíz en los países desde los que salían los barcos, como Senegal y Mauritania. Según estas fuentes, se llegó a pagar a los dueños de los cayucos para que dejaran de transportar inmigrantes.

Los actuales responsables del CNI han declinado hacer declaraciones al respecto. Otras fuentes cercanas al Ejecutivo de entonces aseguran que lo único que se hizo fue “negociar” con las empresas que suministraban los repuestos de los cayucos, especialmente los motores de fabricación japonesa que equipaban estas embarcaciones, para que los derivaran a otro uso.

Temporalmente se consiguió romper la cadena de repuestos y frenar la salida de cayucos, pero pronto las redes de tráfico de personas buscaron otros canales de distribución, por lo que la operación resultó “escasamente rentable”, según fuentes conocedoras de la misma.

Finalmente se optó por un planteamiento más ambicioso para abordar el problema, que incluía la entrega de equipos policiales y militares, el despliegue de patrulleras de la Guardia Civil y la puesta en marcha de programas de cooperación, a través del denominado Plan África.

En 2006 habían sido interceptados en las costas de Canarias 31.859 inmigrantes, la mayoría procedentes de Mauritania y de otros países del Sahel como Malí, Burkina Faso, Chad y Níger. A Tenerife arribaron en 2006 17.261 inmigrantes; 5.398 a Gran Canaria; 3.371 a La Gomera y una cantidad similar a Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote. Solo en tres días de marzo de 2006, con el inicio de la llegada del buen tiempo, decenas de cayucos dejaron casi 500 inmigrantes en las costas canarias.

El Gobierno convocó un gabinete de crisis en el que participaron los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Asuntos Sociales, para buscar una salida al problema, ya que los centros de acogida del archipiélago estaban desbordados. Para descongestionar las islas, muchos inmigrantes fueron traídos luego a la Península.

Ayudas y buques

La intervención de los agentes secretos españoles sobre el terreno acabó haciendo efecto, según sostienen algunas fuentes de aquel Ejecutivo, y en 2007 y 2008 se produjo un descenso significativo en la llegada de pateras a España. Si en 2006 arribaron 31.859 inmigrantes, en 2007 la cifra cayó a 12.478, y en 2008, a algo menos de 2.000.

El Gobierno de Zapatero dio además ayudas económicas a los países desde cuyas costas partían los cayucos rumbo a Canarias e incluso a las costas andaluzas, y desplazó también a varios buques de la Armada a la zona en 2007 para interceptar los cayucos antes de que estos llegasen a Canarias. Pero fuentes conocedoras del operativo secreto señalan que lo que realmente hizo descender las avalanchas de pateras fueron los pagos directos a los dueños de las barcazas que traían a los inmigrantes en largas travesías a través de las costas africanas y que, solo en 2006, dejaron un millar de muertes en aguas del atlántico africano. Las ayudas a esos países no daban los frutos esperados y por eso se optó por una intervención distinta.

Los agentes del CNI se desplazaron a los lugares de donde salían las pateras, contactaron con los dueños de los cayucos y les pagaron fuertes sumas de dinero (más o menos lo que obtenían de los inmigrantes) pero con la condición de que dejasen de llevarlos a Canarias y a las costas españolas. Los agentes secretos desplazados a la zona actuaron en connivencia con sus colegas de la inteligencia de los países de los que procedían los cayucos, con la colaboración de embajadores españoles en los mismos.