Die EU-Staaten haben am gestrigen Mittwoch im COREPER-Format des EU-Rats die Pläne der EU-Kommission für EU-Lager in Nordafrika und für Frontex-geführte „Kontrollierte Zentren“ (KZs) an ausgewählten südeuropäischen Hafenstädten mit großer Zurückhaltung behandelt. Diskutiert wurde in erster Linie der Vorschlag der extraterritorialen EU-Lager. Während Österreich dafür plädierte, den Druck auf die nordafrikanischen Staaten zu erhöhen, wiesen Frankreich und Spanien auf politische kontraproduktive Effekte eines erhöhten EU-Drucks auf Nordafrika hin. Andere EU-Staaten meinten gar, dass extraterritoriale Lager mehr Migrant*innen anziehen könnte. Der Plan der EU-Kommission zur Errichtung von Frontex-KZs in südeuropäischen Staaten wurde nur mit spitzen Fingern angefasst. Italien hat ihn bereits abgelehnt.

Am 30.07.2018 wird die EU den Doppelvorschlag in Genf dem UNHCR, der IOM, der Afrikanischen Union und anderen Staaten vorlegen. Oxfam kritisierte die Pläne aus Brüssel als „Rezept fürs Scheitern“ und ermahnte die EU, sich stattdessen um die Rechte von geflohenen Frauen, Männern und Kindern zu kümmern.

El País | 25.07.2018

Los países de la UE expresan dudas sobre las plataformas de desembarco para migrantes propuestas por Bruselas

Los Estados miembros acogen con tibieza las propuestas de la Comisión Europea sobre inmigración

Los países de la Unión Europea acogen con tibieza las dos grandes iniciativas comunitarias para serenar el debate migratorio. Se trata de los llamados centros controlados —dentro de Europa— para evaluar si los migrantes recién llegados tienen o no derecho al asilo y de las plataformas exteriores para desembarcar a los náufragos rescatados en aguas ajenas a la UE. Lejos de celebrar la inmediatez que proponía la Comisión Europea el martes, con un proyecto piloto para gestionar los desembarcos en territorio europeo ya este verano, los representantes de los Estados miembros casi ignoraron este miércoles esa iniciativa interna y se centraron en debatir la dimensión exterior. El resultado fue poco concluyente, con una apelación general a precisar más los conceptos, según las fuentes consultadas.

Los jefes de Estado y de Gobierno dieron el mandato a la Comisión para explorar estas dos ideas con rapidez. Pero la primera discusión formal sobre esas líneas maestras ha arrojado más dudas que certezas. Por iniciativa de la presidencia austriaca, al mando de la UE este semestre, el debate se centró en esas instalaciones que la UE pretende promover en terceros países (previsiblemente del norte de África) para evitar que quienes salen irregularmente de las costas africanas lleguen a Europa. Austria, partidaria de mayor dureza frente a la migración, está decidida a implicar más a los países africanos en la lucha contra las salidas irregulares. Otros Estados (entre ellos España y Francia) recelan de una aproximación estricta hacia los socios africanos porque consideran que puede provocar más perjuicios que beneficios.

Más allá del obstáculo que supone la negativa —al menos inicial— de todos estos países a albergar las llamadas plataformas de desembarco, muchos Estados miembros admiten las lagunas jurídicas que presenta este modelo. Algunos hasta temen que provoquen un efecto llamada en los flujos migratorios. Los representantes ante Bruselas instan a esperar a la reunión que se celebrará el próximo lunes con las dos agencias de la ONU que deberían gestionar estas plataformas (la de refugiados, Acnur, y la de migraciones, OIM) para perfilar el esquema.

Más sorprendente resulta que la reunión apenas abordase el plan provisional de la Comisión para desvincular dos obligaciones: la de desembarcar en los puertos europeos y la de acoger a los rescatados, con una oferta de 6.000 euros por migrante acogido para los países que aceptasen voluntariamente asumir la gestión de los recién llegados.

La falta de discusión revela también que Italia, el país que más ha tensado la cuerda al negarse a abrir sus puertos a algunos barcos (el más emblemático, el Aquarius, que acabó en España) ha relajado el discurso en los últimos días. Tras amagar con no permitir ni siquiera que atracaran en sus puertos los barcos de la operación militar Sophia, que Italia promovió en 2015 para desmantelar las mafias que trafican con migrantes y que lidera desde entonces, el Gobierno de Roma ha dado una tregua.

A finales de agosto se volverá a discutir el mandato de esta operación y las autoridades italianas aprovecharán para pedir que los barcos de esta misión que rescaten migrantes no tengan por qué ser acogidos en las costas italianas, según fuentes diplomáticas.

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El Diario | 25.07.2018

Los países de la UE piden precisiones para decidir si acogerán los centros de inmigrantes

Los países de la Unión Europea (UE) pidieron hoy a Bruselas más detalles sobre el funcionamiento de los futuros „centros controlados“ de inmigrantes, que la Unión se ha propuesto establecer en su territorio para acelerar la acogida de refugiados o el retorno de aquellos que no puedan pedir el asilo.

Los embajadores de la UE mantuvieron hoy un primer debate sobre esos „centros controlados“ y sobre las plataformas de desembarco en países de África, dos ideas que los mandatarios europeos respaldaron en la cumbre del pasado junio, para combatir la inmigración ilegal.

Los Estados miembros, reunidos en el llamado Coreper (Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros de la UE) consideraron que ambas ideas son „una buena base“ que habrá que continuar precisando y debatiendo, según indicaron a Efe fuentes europeas.

Otras fuentes coincidieron en que el „sentimiento general es positivo“ entre los Estados miembros, que creen que todavía quedan „muchas cosas por definir“.

La mayoría de las delegaciones incidieron en la necesidad de respetar el derecho internacional y de evitar un „efecto llamada“, añadieron las fuentes.

El debate entre los países, que fue „muy preliminar“, se produjo un día después de que el Ejecutivo comunitario presentara los primeros detalles de esas dos iniciativas.

Los países decidirán con carácter voluntario si acoger los centros controlados, cuyo objetivo será separar de manera más rápida y ordenada a las personas en necesidad de protección internacional de los inmigrantes irregulares; es decir, aquellos que no tienen derecho a permanecer en la UE y por tanto deben ser retornados.

Para fomentar la „solidaridad“ a la hora de repartir a los demandantes de asilo, Bruselas propuso ayer conceder a los países de la Unión hasta 6.000 euros por cada solicitante acogido desde los „centros controlados“, que de momento ningún Estado miembro se ha ofrecido a albergar.

Fuentes diplomáticas indicaron que hay por el momento „miedo a dar pasos“ y que ningún país se ha postulado todavía para acoger esos centros, cuyos costes operativos y de funcionamiento estarán íntegramente financiados por la UE.

„No estamos aún en ese punto“, reconocieron por su parte fuentes europeas.

Los centros, que serán gestionados por los países que acepten voluntariamente albergarlos, podrán establecerse en cualquier Estado miembro y no solo en los de primera llegada, como Italia o España.

Por otra parte, los embajadores europeos hablaron de los llamados „acuerdos regionales de desembarco“, para facilitar un desembarco rápido y seguro a aquellas personas que hayan sido rescatadas en el Mediterráneo según las normas del Derecho Internacional.

La impresión de los países es que, en esta propuesta, la UE no está aún en condiciones de hablar con terceros países.

El plan se afinará el próximo 30 de julio en una reunión en Ginebra entre la UE, la Agencia de la ONU para los Refugiados, (ACNUR), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Unión Africana y otros países, donde se espera se concreten más detalles de su funcionamiento.

Por el momento, países como Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez se han mostrado reticentes a la idea de albergar este tipo de estructuras.

La ONG Oxfam calificó el martes los planes de Bruselas de „receta para el fracaso“ y consideró que en lugar de impulsar este tipo de iniciativas, la UE debería cerrar de una vez por todas la reforma del sistema de asilo europeo.

Según la misma organización, los países de la Unión „tratan de nuevo de escapar de sus responsabilidades“ con respecto a los países pobres, con una fórmula que „amenaza los derechos de las mujeres, hombres y niños“ inmigrantes.