UNA COMISIÓN DE OBSERVADORES CONSTATA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN MELILLA
Publicado por RedacciónPublicado
La comisión tiene previsto elevar en dos semanas, “ante la gravedad y urgencia de la situación”, apuntan mediante un comunicado, un informe ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU y ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa
Integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona han constituido durante el II Encuentro Frontera Sur y Derechos Humanos, que ha tenido lugar en Melilla del 3 al 6 de julio, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos. La nueva organización ha detectado vulneraciones de Derechos Humanos (DDHH) en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y a ambos de lados de la valla instalada del perímetro fronterizos, además de en la asistencia sanitaria que se presta a la población migrante y en la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA), tal como indica en las conclusiones preliminares de su visita a la ciudad autónoma con motivo del encuentro.
La comisión tiene previsto elevar en dos semanas, “ante la gravedad y urgencia de la situación”, apuntan mediante un comunicado, un informe ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU y ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en el cual se solicitará a ambas entidades que realicen una visita urgente para que evalúen las vulneraciones de DDHH en que están incurriendo España y Marruecos.
Para la realización de las conclusiones preliminares, que serán desarrolladas en el informe que se presentará a los organismos europeos, los activistas se han entrevistado con asociaciones locales que trabajan por la protección de los DDHH en la zona, con internos en el CETI, con personas que han realizado acompañamientos a enfermos a centros sanitarios y con otras que han recorrido el perímetro fronterizo. En lo referente a la valla, la comisión denuncia violencia policial contra la población migrante en tránsito, tanto por parte de las fuerzas auxiliares marroquíes como por las fuerzas de seguridad españolas. Y es que uno de los puntos centrales de la visita era “analizar los protocolos de actuación y las prácticas de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, así como las consecuencias de éstas”, apuntan desde la Comisión. Del lado magebrí, “ el uso de métodos de tortura y la aplicación de malos tratos por parte de la policía es una constante”, declaran, con un “recrudecimiento de dicha situación, ya que el control policial a los campamentos del Gurugú ha aumentado, así como se han producido actuaciones que se han saldado con numerosas personas heridas”. Además, las organizaciones locales están actualmente investigando la muerte de al menos cinco personas en los últimos meses. Las actuaciones de las fuerzas marroquíes “se producen debido a los acuerdos en materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos”, recuerdan, con lo que tachan a la Unión Europea (UE) y al Estado Español de “responsables de corroborar que en la aplicación de un acuerdo del que son parte no se producen vulneraciones de Derechos Humanos”.
En el lado español de la valla la comisión constata que “en los últimos meses se han producido situaciones de malos tratos, principalmente en el momento de dar el salto a la valla, protagonizadas por las fuerzas policiales españolas”, destacando el episodio ocurrido el 24 de abril, que se saldó con al menos 50 personas heridas por la actuación de las Unidades de Intervención Policial (UIP). En dicha jornada “los agentes lanzaron gases directamente a la cara de varias personas que se hallaban en la valla, a más de 5 metros de altura, poniendo claramente en riesgo su integridad física”, aseguran en las conclusiones de la visita.
La Comisión también muestra su preocupación por el probable aumento del número y gravedad de las heridas que sufrirán los migrantes que intenten cruzar la frontera tras la instalación de una nueva valla de 3 metros de altura con concertinas (cuchillas que ya se usan en la valla española) en territorio marroquí. También han constatado, tal como han documentado las organizaciones locales en los últimos meses, que en la mayor parte de los intentos de acceso a Melilla a través de la valla se han producido devoluciones directas a Marruecos, conocidas como ’en caliente’, sin respetar el ordenamiento legal vigente. Dichas expulsiones podrían implicar responsabilidad penal y disciplinaria a todo agente que decidiera, ejecutara o colaborara en una de estas expulsiones ilegales de forma activa o pasiva, tal como indica el informe ’Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’, publicado por un grupo de profesores universitarios esta semana.
En lo que respecta al CETI de Melilla, la comisión ha tenido conocimiento de que registra una ocupación tres veces superior a su capacidad máxima (480 plazas), lo que genera “hacinamiento e imposibilidad de proporcionar la asistencia social y sanitaria adecuada y propicia un incremento de la tensión entre las personas internas y el consiguiente aumento de la conflictividad”. También destacan “el importante número de personas sirias susceptibles de protección internacional, en tanto que desplazadas por el conflicto bélico desencadenado en su país de origen”, que sin embargo “no ejercen su derecho a la solicitud de asilo ya que saben que comporta permanecer en Melilla durante meses antes de recibir una respuesta”. Además, denuncian que los módulos que se han habilitado para acoger al exceso de personas carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y comportan la supresión de espacios que deberían emplearse para otro tipo de actividades como guardería, formación y educación.
Tal como afirma la Asociación Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), desde la comisión denuncian “el absoluto abandono por el cuidado y la protección de los menores no acompañados (MENA) que residen en la Ciudad Autónoma de Melilla”. Así, el incumplimiento de la legislación tanto internacional como estatal en materia de protección de menores (por desamparo, no asunción de su tutela y la correspondiente irregularidad administrativa) se traduce, según los activistas, en maltrato institucional y aboca a muchos de estos niños y niñas a la supervivencia callejera, con las consecuencias que esto conlleva: falta de escolarización o abandono paulatino de ésta, desasistencia sanitaria básica y exposición a las violencias asociadas a la situación de calle (trata, mendicidad, hambre, enfermedades, consumos y delictividad, etcétera).
Por último, las conclusiones recogen además la vulneración “flagrante” de la legalidad en lo que respecta a la asistencia sanitaria a personas migrantes, ya sean extranjeros en situación irregular, a los que se les exige con carácter previo al en ingreso en urgencias la firma de un compromiso de pago de los gastos que pueda generar -a pesar de que mediante el artículo 3.1 del RDL 16/2012 tienen derecho a la asistencia de urgencia sin facturación-, o menores extranjeros, que deben ser equiparados en el acceso al sistema sanitario con los nacionales españoles pero que tampoco están recibiendo la atención que la ley les garantiza. En ambos casos en los centros sanitarios se recomienda a los inmigrantes que visiten un centro de salud marroquí. También se tacha la asistencia sanitaria dispensada de “claramente insuficiente”. “La atención que se dispensó a un joven marroquí al que acompañamos con una fractura abierta en la pierna (el extremo óseo de la tibia podía observarse a simple vista) y una infección importante y dolorosa consistió en la aplicación de yodo, cambio del vendaje y recomendación de que fuera a un centro médico marroquí”, apuntan en el texto .