Die Staatsanwaltschaft Melilla ermittelt nach Klage einer Menschenrechtsorganisation und einer Oppositionspartei Mellillas gegen den spanischen Gouverneur der Stadt sowie gegen die Guardia Civil und Polizei- wie Ausländerbehörden Melillas wegen der Schnellabschiebungen. Dabei handelt es sich um eine seit zwei Jahrzehnten existierende Praxis, die nach Recht und Gesetz wie auch nach dem Rückübernahmeabkommen zwischen Spanien und Marokko illegal ist. Die Betroffenen werden weder angehört noch identifiziert, es werden keine Protokolle angefertigt, die eigentlich vorab dem marokkanischen Staat überstellt werden müssten.

Im konkreten Fall geht um Schnellabschiebungen zwischen dem 07. und dem 10.02.2013. Damals durchbrachen vollbesetzte Autos und Kleinbusse die Grenzübergänge. Die Insassen, subsaharische Flüchtlinge, gelangten dadurch nach Spanien und wurden sofort im illegalen Schnellverfahren abgeschoben.

Inzwischen wurden die Grenzübergänge zu Zickzackkurven umgebaut, und die letzten Grenzübergangsdurchbrüche in den vergangenen Tagen erfolgte mit Motorrädern.

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El delegado del Gobierno en Melilla declarará ante el juez por expulsiones de inmigrantes Destacado

por Kaos. Derechos Humanos

Tras aceptar la querella de la ONG Prodein y el opositor Coalición por Melilla (CPM) por la expulsión de los subsaharianos que entraron en la ciudad entre el 7 y el 10 de febrero del 2013.

Agencias

El Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla ha llamado a declarar al delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani y al coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín-Villaseñor, tras aceptar la querella presentada por la ONG Prodein y el principal partido de la oposición Coalición por Melilla (CPM), por la supuesta devolución en caliente de 12 inmigrantes que entraron en Melilla en „coches kamikazes“ entre los días 7 y 10 de febrero de 2013.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la declaración de los máximos responsables del Gobierno de la Nación en Melilla y de la Benemérita será el próximo 25 de febrero por la devolución a Marruecos de 12 de los 21 subsaharianos que accedieron en vehículos a toda velocidad por los puestos fronterizos de Beni-Enzar y Farhana y que Prodein y CPM consideran „ilegal“. Las declaraciones serán grabadas en vídeo.

El titular del juzgado, Miguel Ángel Aguilar, también ha pedido a la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Melilla que especifique los pasos que se dieron para estas devoluciones y a la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad autónoma que detalle qué agentes identificaron y participaron en estas expulsiones.

La ONG y el partido político denunciantes han basado su denuncia en la rueda de prensa que dio Abdelmalik El Barkani el 13 de febrero de 2013, en la que informó de estas devoluciones en base al acuerdo de readmisión de inmigrantes pactado entre España y Marruecos en 1992 y publicado en el BOE en el año 2012.

El Barkani subrayaba que tomaba esta determinación para frenar los „coches kamikazes“, consistentes en vehículos repletos de inmigrantes (en un mismo vehículo llegaron a ir 12 personas) que accedían a Melilla a toda velocidad, llevándose por delante incluso parte de la garita de vigilancia de la Guardia Civil y dañando la verja de la frontera, cuyas puertas quedaron parcialmente descolgadas.

El delegado sostuvo entonces que era necesario „replantear la consideración“ que se da a los inmigrantes que llegan a Melilla „violentando la frontera o prestándose al chantaje humanitario que favorezca el negocio de las mafias“.

Prodein y CPM, en cambio, consideran que estas expulsiones no se ajustan a la legalidad porque aseguran que los inmigrantes „no fueron identificados“ para saber por ejemplo „si entre ellos había menores de edad“. Tampoco entienden que se ajuste al convenio con Marruecos que esgrime la Delegación del Gobierno pues, conforme explicaron en la denuncia, el mecanismo que contempla no supone „la ausencia absoluta de trámites administrativos, ni la ausencia de derechos para los extranjeros“.

De hecho, el convenio, que efectivamente permite agilizar los trámites para la devolución a Marruecos de quienes han cruzado desde su territorio hasta España sin autorización, especifica que los agentes españoles deberán identificar a los extranjeros para recabar cuanta información sobre ellos sea posible antes de entregarlos a las autoridades alauitas. Éstas, a su vez, deben expedir una documento que certifique la entrega.

Los denunciantes aseguran que estos doce inmigrantes sobre los que se interesa el juez „fueron conducidos sin tan siquiera ser identificados, ni conocer nada de sus circunstancias a Marruecos“. „De hecho, podemos prever que ni tan siquiera consta algún registro de la acción realizada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“, exponían en la querella.

La expulsión de los que accedieron violentamente vino acompañada de otras medidas preventivas de seguridad  como la instalación de vallas en zigzag y la llegada de refuerzos policiales en los puestos de Beni-Enzar y Farhana, lo que hizo desparecer la llegada de „coches kamikazes“ pero no así las „motos kamikazes“, ya que el pasado viernes 7 febrero de 2014 consiguieron acceder cuatro personas usando este método.

Esta es la primera actuación judicial en torno a la práctica de expulsiones sumarias que diversas ONG como la propia Prodein o la estadounidense Human Right Watch vienen denunciando por tratarse de una práctica contraria al ordenamiento jurídico español, según el cual, cuando un inmigrante entra en territorio nacional, debe abrírsele un procedimiento administrativo que garantice, entre otras cosas, que pueda pedir asilo si es el caso.

Prodein lleva semanas difundiendo grabaciones en vídeo para denunciar que los inmigrantes son conducidos en furgones de la Guardia Civil a un portón trasero de la valla de Melilla diseñado para el trasiego del personal de mantenimiento y allí mismo son entregados a las fuerzas policiales marroquíes sin que medie ningún tipo de procedimiento administrativo.

La última de las grabaciones difundidas por esta organización muestra cómo tres personas a nado son empujadas con un bastón, atadas con una cuerda y arrastradas hasta aguas marroquíes por una patrullera de la Guardia Civil en lo que, según denuncian, sería una práctica habitual de los agentes para expulsar ilegalmente del área de influencia marítima española a inmigrantes que intentan alcanzar territorio nacional por esta vía.