Caminos para evitar el abismo en Malí
Gilles Yabi, Política Exterior | 14 Jan 2013
Aunque la actualidad se haya visto copada en los últimos meses por el letal impasse de la guerra civil en Siria y la reanudación de los enfrentamientos en el sempiterno conflicto palestino-israelí, la comunidad internacional sigue enormemente preocupada por encontrar una respuesta a la actuación de los grupos armados islamistas que en marzo de 2012 se apropiaron de un inmenso territorio, en gran parte desértico, que equivale a dos tercios de la superficie de Malí. Se espera que en las próximas semanas el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe una nueva resolución para autorizar el despliegue de una fuerza internacional en el país. El 12 de octubre de 2012, una resolución sentaba las bases para un compromiso internacional con vistas a resolver la crisis que sacude este país de África Occidental, con fronteras con otros siete. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y la Unión Africana (UA) han adoptado un “concepto de operaciones” que fija el efectivo militar de la futura fuerza en 3.300 soldados. Ambas organizaciones recuerdan que deben seguir los esfuerzos en el plano político para aislar a los grupos armados terroristas de otras formaciones con las que el gobierno de Bamako pueda negociar.
La Unión Europea también se ha movilizado, gracias especialmente a lasiniciativas de Francia y España. Estos dos países serán posiblemente los que más instructores militares provean (hasta 250), los cuales se destacarán en Malí a principios de 2013, dentro del marco de una misión presentada el 19 de noviembre a los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de los países de la Unión para su subsiguiente aprobación en diciembre. Malí, entre tanto, continúa sumido en el agujero negro al que se ha visto arrojado por un cóctel de fracasos políticos, de seguridad, económicos y sociales, a los que se suman un explosivo vecindario norteafricano, la ligereza en la gestión de la crisis libia de 2011 y la negligencia colectiva respecto a los desastrosos efectos del crimen transnacional sobre los Estados débiles.
Motivos para la inquietud internacional
Francia –que no quita ojo al asunto–, otros miembros de la UE (España y Alemania) y Estados Unidos observan muy de cerca los acontecimientos que se están produciendo en Malí, y consideran que el control ejercido por grupos armados islamistas desde hace tiempo sobre un vasto sector del Sahara supone un riesgo añadido de propagación del terrorismo. Europa se ha mostrado especialmente inquieta, habida cuenta de su proximidad al norte de África y el Sahel. Francia posee también importantes intereseseconómicos en la región, el más estratégico de los cuales es el uranio de Níger –indispensable para las centrales nucleares francesas – cuyos yacimientos no distan mucho del norte de Malí. La ciudad maliense de Gao, actualmente bajo control de uno de los grupos armados islamistas, está más cerca de la capital nigerina, Niamey, que de Bamako. EE UU, por su parte, lleva años invirtiendo en formación para las fuerzas militares de la región, entre ellas la maliense, enlucha antiterrorista, pues detectó que la franja del Sahel podía constituir un espacio muy atractivo para grupos terroristas en busca de un santuario, especialmente Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI).
Responsable de múltiples secuestros y asesinatos de occidentales en Malí, Níger y Mauritania, así como de ataques contra los ejércitos de la región, e implicado en diversos tráficos transfronterizos, AQMI es una formación armada integrista escindida de los movimientos armados islamistas argelinos y articulada en torno a un núcleo de combatientes experimentados que, según algunas fuentes, habrían recibido formación militar en Afganistán. En 2007, antes de afiliarse oficialmente a Al Qaeda, AQMI era conocida con el nombre de Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Se asentó en el norte de Malí en 2003, tras secuestrar a 32 turistas occidentales en el sur de Argelia. Durante mucho tiempo, AQMI centró sus acciones violentas allende la frontera maliense, en Mauritania y Níger, hasta el punto de que los Estados vecinos y los países occidentales llegaron a sospechar de un “pacto de no agresión” entre el grupo terrorista y el gobierno de Malí, en manos entonces del presidente Amadou Toumani Touré.
No obstante, en el segundo semestre de 2011 se produjeron numerosos secuestros de occidentales en territorio maliense, incluso en el centro de la turística ciudad de Tombuctú, lo que dejó al descubierto las graves deficiencias del dispositivo de seguridad en el norte de Malí. Desde principios de 2012, AQMI está cómodamente instalada en toda la región septentrional, desde donde fomenta y da apoyo a grupos armados de agenda islamista, como el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao, por sus siglas en francés) y Ansar Dine (“los defensores de la fe”), que expulsaron de la zona a las fuerzas gubernamentales malienses entre enero y abril de 2012, así como a los rebeldes tuareg del Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad (MNLA).
Tuareg e islamistas en el norte, golpistas en Bamako
La rebelión del norte comenzó con los primeros enfrentamientos entre el MNLA y las fuerzas gubernamentales, el 17 de enero de 2012. En marzo, el gobierno maliense había perdido todas las referencias y la comunidad internacional se hacía cargo de la gravedad de la situación. La mañana del 22 de marzo, en Bamako no cabía duda de que el motín había derivado en golpe de Estado. Un grupo de militares anunció por televisión el establecimiento de un Comité Nacional para la Recuperación de la Democracia y la Restauración del Estado (CNRDRE), presidido por el capitán Amadou Haya Sanogo y compuesto fundamentalmente por suboficiales del ejército. A seis semanas de la fecha prevista para la primera vuelta de unas elecciones a las que el presidente Touré no podía presentarse ni contaba con ello, existían razones para su caída: “la incompetencia del gobierno” y, en particular, su incapacidad para poner a disposición del ejército “el material adecuado a fin de luchar contra la rebelión y los grupos armados del norte”.
Tras dos meses de ataques contra campamentos militares, los rebeldes del MNLA, ayudados por el grupo islamista Ansar Dine, estaban cerca de expulsar a las fuerzas gubernamentales, mal organizadas y desmotivadas, de todas sus posiciones septentrionales. El golpe de Estado les permitió terminar el trabajo en tres días. Las tres grandes ciudades del norte, Kidal, Gao y Tombuctú, cayeron casi sin combates. En las dos últimas se produjeron saqueos y hubo una gran destrucción, quedando la población atrapada en una situación humanitaria desastrosa. Ciertamente, la vida no era sencilla para los habitantes de esas ciudades pobres del norte de Malí, que no obstante se dedicaban pacíficamente a sus ocupaciones y a quienes nunca habían impuesto a golpe de ametralladora la sharia, que obliga a las mujeres a llevar velo, prohíbe numerosos deportes y entretenimientos y reglamenta de manera estricta las relaciones entre hombres y mujeres: grosso modo, es un código moral cuyo incumplimiento se castiga con penas que van desde los azotes a la muerte por lapidación, pasando por la amputación de miembros (por ejemplo, a las personas acusadas de robo).
Aunque desencadenada a raíz de un movimiento político armado formado esencialmente por miembros de la etnia tuareg, una de las existentes en el Azauad –antiguo nombre de las tierras del norte de Malí–, la rebelión
terminó allanando el camino a los islamistas que, más o menos vinculados a los terroristas de AQMI, terminaron adueñándose de las regiones correspondientes a esas tres ciudades. Tras un periodo de delicada convivencia en el que ambos grupos se evitaron, las armas acabaron por hablar y, a finales de junio, los islamistas del Mujao y de AQMI expulsaron de Gao al MNLA, donde este movimiento había establecido sucuartel general. Los enfrentamientos provocaron al menos 35 muertos.
Mientras que los irredentos tuareg del MNLA perdían terreno a favor del resto de grupos armados, los golpistas procedían a detener a diversos altos cargos del régimen de Touré y se entregaban al saqueo de la capital. La mediación de la Cedeao, con Burkina Faso a la cabeza, permitió, no sin esfuerzos, la creación de una serie de organismos de transición. Dioncounda Traoré, presidente de la Asamblea Nacional, fue nombrado presidente interino, mientras que un recién llegado al escenario político nacional, el astrofísico Cheikh Modibo Diarra, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EE UU, fue nombrado primer ministro con el refrendo de la junta militar. Entre abril y noviembre de 2012, las negociaciones diplomáticas internacionales se multiplicaron pero pocas cosas han evolucionado sobre el terreno, hasta el punto de que el 10 de diciembre el ejército obligaba a Diarra a presentar su dimisión.
Pese a la amenaza que supone para la integridad territorial de Malí y la laicidad reivindicada desde Bamako la presencia de grupos islamistas y separatistas en el norte, la clase política sigue profundamente dividida y se muestra indecisa sobre cómo materializar sus prioridades durante este periodo de transición; a saber, la restauración de la soberanía del Estado sobre el norte por la fuerza militar o por la negociación (o una combinación de ambas), por un lado, y la celebración de elecciones presidenciales y legislativas para dotar al país de autoridades legítimas, por otro. Frente al enorme desafío que representa la crisis más compleja que ha conocido Malí desde su independencia, en 1960, los agentes políticos del país parecen aún desorientados y poco inspirados. Los agentes regionales e internacionales desempeñarán un papel decisivo en la evolución de la situación durante los próximos meses e incluso años, tanto en el norte como en el resto del país.
El antiguo problema de los tuareg se complica
La cuestión de los tuareg y cómo articular las vastas extensiones desérticas del norte con la parte meridional del país se remonta a la misma creación de la república independiente de Malí, e incluso más atrás. A principios del siglo XX, las fuerzas coloniales francesas, durante la conquista del actual Sahara maliense, toparon con la resistencia de varios clanes tuareg que más adelante se mostrarían hostiles a integrarse en el nuevo Estado independiente, cuya capital y centro de decisión política y económica, Bamako, distaba mucho física y culturalmente de las ciudades y la población norteñas. A partir de la independencia, fueron recurrentes las rebeliones tuareg contra el gobierno de Bamako. Son incontables los “frentes”, “ejércitos” o “movimientos populares de liberación del Azauad” que presentaron reivindicaciones de autonomía mayor o menor con respecto al poder central maliense, al que se acusaba de marginar política y económicamente a los tuareg, una minoría cultural en el país (se estima que constituyen el 5-10 por cien de la población del país y más o menos la mitad de la población del norte).
El bienio 1962-63, la década de los noventa y entre 2006 y 2008 fueron los periodos de la historia política poscolonial más agitados del norte de Malí, hasta la crisis actual. Cada nuevo episodio crítico se caracterizó por una dinámica particular, que no obstante tenía su raíz en el episodio anterior. Los rebeldes de la década de los noventa conformaban un gran abanico de comunidades tuareg cuyos líderes se habían formado en la militancia durante dos decenios fuera de las fronteras malienses, en Argelia o Libia, entre exiliados que habían huido de la represión estatal o de las grandes sequías. Muchos de ellos habían servido temporalmente en la Legión Islámica del coronel Muamar el Gadafi, fuerza panafricana creada a finales de los años setenta para luchar contra lo que este consideraba el imperialismo occidental en África. La Libia de Gadafi condicionaba cuándo comenzaban y finalizaban las campañas armadas tuareg en el norte de Malí y en el Níger aledaño. Gadafi facilitaba el acercamiento entre los rebeldes y las autoridades centrales de los países afectados y controlaba el calendario de acuerdos políticos gracias al importante margen financiero de que disponía. También se sirvió profusamente de otra herramienta: la “integración” en las filas del ejército libio de tuareg malienses (y nigerianos), potencialmente los más desestabilizadores para sus países de origen.
Este proceder, lejos de filantrópico, confería al guía libio un papel de padrino ineludible para los países del Sahel, en obvia competencia con el otro padrino, Argelia, potencia militar y vecina inmediata –a diferencia de Libia, que no com – parte frontera con Malí– y cuya parte meridional está poblada principalmente por tuareg. Arge -lia ha desempeñado un papel determinante en las negociaciones entre los rebeldes tuareg y las autoridades malienses que desembocaron en los acuerdos de Tamanrasset de 1991 y los de Argel de 2006. Uno de los principales signatarios de ambos, que ya había participado en la rebelión de 1990, fue Iyad ag Ghali, tuareg de la región de Kidal, quien reapareció a principios de 2012 como cabecilla de Ansar Dine, desde el que reivindicaba la aplicación de la sharia en todo Malí y se desmarcaba del programa independentista del MNLA. Para este grupo, el Estado central de Bamako, controlado por agentes políticos oriundos del Sur, jamás ha cumplido sus compromisos para con el norte en materia de desarrollo económico y social. Mientras que las rebeliones tuareg anteriores reivindicaban una mayor autonomía, el MNLA jamás dudó en exigir y declarar la independencia, lo que es inaceptable para Bamako, para los países vecinos y para las organizaciones africanas.
Con la desaparición de Gadafi, la Argelia del envejecido presidente Abdelaziz Buteflika retoma en solitario la condición de padrino poderoso capaz de plantar cara –militarmente hablando–, de cortar el suministro de víveres o, por el contrario, de tolerar y servirse según sus intereses de los grupos armados que operan en territorio maliense o sobre la frontera meridional argelina. La opacidad de los mecanismos políticos argelinos, que depositan el poder real en manos de los altos cargos del ejército mientras se toman posiciones en torno a la sucesión de Buteflika, hace especialmente difícil descifrar la postura de ese país con respecto a la crisis de Malí.
En 2011 no tardó en hacerse evidente que Malí era el país del Sahel más propenso a una desestabilización grave. El final del segundo y último mandato del presidente Touré quedó marcado por una política de seguridad inaceptable para el norte, mientras que los altos cargos del ejército eran acusados cada vez más abiertamente de corrupción, nepotismo, laxismo e implicación en todo tipo de tráficos, incluido el de estupefacientes. Todo ello mientras los países del norte de África se agitaban violentamente en una tormenta revolucionaria. El conflicto en Libia y la derrota militar del bando gadafista tuvieron por efecto inmediato el regreso a Malí de combatientes tuareg malienses pertrechados de armas procedentes de los arsenales libios. El ala dura de los clanes tuareg, tradicionalmente hostiles al poder de Bamako, se vio irresistiblemente tentada de aprovechar un cúmulo de circunstancias excepcionalmente favorables: armas en abundancia, un ejército maliense desunido cuyos oficiales eran considerados corruptos e ineficaces por su propia tropa y un ambiente de fin de reinado de un Touré utilizado y muy criticado por las potencias occidentales, que le reprochaban cada vez más haber tolerado la presencia de terroristas de AQMI en su territorio.
Concurrían así todos los ingredientes para hundir el país en una crisis en la que se vieron involucrados múltiples agentes cuyas motivaciones aparentes no escondían sus verdaderos intereses. Es difícil diferenciar entre los terroristas de AQMI, los yihadistas que quieren instaurar un Estado islámico en el norte de Malí, los magnates del crimen organizado que buscan perpetuar el tráfico de estupefacientes en la franja del Sahel y en el Sahara, los líderes tuareg que persiguen defender los intereses de su comunidad ante el aparato político maliense, aquellos convencidos del objetivo independentista y, por fin, los actores movidos más que nada por la ambición personal de controlar una parte del norte, cuyo subsuelo esconde prometedoras reservas de petróleo y minerales.
Diálogo político y presión militar internacional
Tras meses de confusión y mensajes contradictorios por parte de Malí, de la Cedeao y de las potencias occidentales, es hora de definir una propuesta internacional coherente. Al hilo de los acontecimientos, todos parecen haber entendido que no debe minusvalorarse ninguna de las facetas de esta crisis, a riesgo de sumir a Malí y a sus países vecinos en un conflicto armado de larga duración e incalculables consecuencias políticas, económicas y humanitarias. Tanto los círculos políticos y militares malienses como los actores regionales de África Occidental se han visto muy tentados de pensar que lo único urgente era expulsar del norte de Malí a los islamistas mediante una ofensiva militar, y que el resto de problemas políticos, intercomunitarios, económicos y sociales podrían abordarse una vez recuperada la integridad territorial. Una intervención militar precipitada en el norte habría agravado la situación.
Subsisten graves discrepancias entre la percepción que varios agentes exteriores tienen del MNLA, el grupo separatista tuareg, al que se presenta como el movimiento con el que se puede y se debe dialogar, y la opinión enormemente negativa que de ese mismo grupo tienen muchos agentes malienses, que no olvidan que la rebelión del norte partió del MNLA, antes de ser abanderada por fuerzas oportunistas vinculadas a AQMI. Como podría temerse, gran parte de la población meridional y septentrional no tuareg no diferencia entre quienes se levantaron en armas contra el Estado central para exigir la independencia de una parte del territorio y los civiles tuareg que no hacen ninguna reivindicación de esa naturaleza. Es imperativo y urgente acometer un trabajo de base para aliviar las tensiones entre las distintas comunidades antes de emprender acciones militares en el norte.
Al mismo tiempo, es necesario proporcionar un espacio de expresión a los representantes no armados de todas las comunidades étnicas del norte y hacer ver al MNLA que su pretensión independentista, alentada por el efecto de oportunidad derivado de la crisis libia, no ha aportado nada a la población tuareg, pues decenas de miles de personas se han visto arrojadas a campos de refugiados en Burkina Faso y Mauritania, con inciertas esperanzas de poder regresar a sus lugares de origen. El exprimer ministro Diarra, antes de ser forzado por el ejército a su dimisión, ya había apuntado que el diálogo con el MNLA era “inevitable”. Incluso con Ansar Dine, desde el momento en que este se desmarque claramente de AQMI. No existen dudas sobre la necesidad de poner fin al control que los grupos terroristas ejercen sobre gran parte del territorio sahariano. Tal amenaza constituye la principal razón del compromiso con el Sahel que demuestran Occidente, particularmente Europa.
Sin embargo, la lucha contra el terrorismo no debe ser sino uno de los componentes de la estrategia para salir de la crisis de Malí y estabilizar el Sahel. La restauración de la seguridad colectiva en en este área no será posible ni duradera a menos que se cumplan tres condiciones: que los países afectados planten cara a una realidad de consecuencias devastadoras, la de la corrupción y la dejadez de las instituciones estatales ante la deriva de muchos de sus territorios hacia una economía delictiva; que los países del oeste y norte de África se conozcan mejor a fin de establecer mecanismos creíbles de cooperación en seguridad y de gestión de las fronteras; y que los responsables de política exterior de las potencias occidentales no se limiten a realizar declaraciones de intención sobre la necesidad de luchar contra las redes del crimen organizado internacional y la proliferación armamentística, de la que en parte son directamente responsables.
Es positivo el compromiso de la UE con Malí y el conjunto del Sahel, y la misión que va a ocuparse de la reestructuración y formación del ejército maliense a partir de ahora constituye una excelente iniciativa. No obstante, este compromiso solo tendrá sentido si se mantiene a lo largo de varios años con vistas a fortalecer los aparatos administrativo, civil y militar de los Estados del Sahel, y si contribuye a estimular un desarrollo económico equilibrado de los países del área.
Gilles Yabi es director del proyecto África Occidental de Crisis Group.