Un total de 26 personas recluidas en el centro de internamiento para extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) manifestaron haber sufrido violencia por parte de algunos policías durante 2012, según se recoge en el informe ¿Cuál es el delito? elaborado por la Campaña por el Cierre de los CIE. La plataforma por el cierre de los CIE integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas que acompañan desde hace tres años a las personas encerradas en Zapadores.

Los CIE son instalaciones donde el Estado español recluye a extranjeros a la espera de ser expulsados por carecer de permiso de residencia aunque no hayan cometido ningún delito. La falta administrativa en la que han incurrido, en contra de su voluntad, es equivalente al impago de una multa de tráfico, pero se les impone una sanción desproporcionada: privación de libertad y de muchos otros derechos fundamentales.

Por eso, se denuncia su existencia para que “resulte abominable para cualquiera tener un CIE en su ciudad”, explicó Ana Fornés, portavoz de la Campaña. El informe incluye un prólogo del catedrático de la Universitat de València, Javier de Lucas, y está dedicado a “todas las mujeres y hombres que sufren cada día por culpa de las leyes y políticas racistas e injustas de control de flujos migratorios, y especialmente a todas las víctimas que han sufrido la experiencia del internamiento en un CIE”.

Los testimonios recogidos en 2012 entre las internas e internos de Zapadores se refieren aagresiones que incluyen insultos (“me decía: ‚comemierda’”; “’qué hijo puta eres’”; “utilizando palabras como ‚payaso‘ o ‚sudaca‚, aún sin ni siquiera haberme dirigido al agente”), vejaciones (“me desnudó y me quitó la ropa dejándome sólo en calzoncillos”), amenazas (“el policía al ver eso entró y empezó a decir `matemos a este hijo de puta y decimos que se ahorcó´, y me apretaba fuerte ahorcándome, dejándome casi inconsciente”), castigos colectivos (“nos llevaron al patio, manos contra la pared y fueron llamando y requisando uno por uno a pesar de que ese día había amanecido lloviendo y la temperatura era baja”) e incluso malos tratos físicos.

Ocho internos denunciaron en el juzgado de Valencia haber sido víctimas de palizas. Un joven colombiano logró escapar del CIE en marzo, pero fue apresado de nuevo y denunció represalias por parte de un policía en la zona donde no hay cámaras: “Suele aprovechar ese sitio para maltratarme […] me reventó un oído de un porrazo que consta en el historial médico”. Cinco internos argelinos denunciaron en abril que un agente entró en la noche en la celda que compartían y comenzó a golpearles con la porra provocándoles heridas en el rostro, cuello, torso y brazos. Otros dos jóvenes argelinos también interpusieron una denuncia en noviembre porque dos policías les golpearon “con los puños, las porras y a base de patadas” mientras permanecían en las celdas de aislamiento.

En el informe también se incluyen las denuncias de años anteriores, como la acusación en 2010 de una mujer contra un policía por haber abusado sexualmente de ella en el calabozo de la comisaría de Orihuela (Alicante) donde pasó la noche antes de ingresar en el CIE y las palizas colectivas de finales de 2010 y octubre de 2011 en Zapadores.

Expulsado antes de que naciera su hija

Además, se explican las agresiones a un ciudadano nigeriano cuando era deportado en junio de 2012. Austin Johnson fue expulsado a Nigeria pocos días antes de que naciera su hija en Valencia y denunció que en el vuelo fue víctima de un “trato brutal” por parte de los agentes que le custodiaron. Tuvo que ser ingresado tres días en un hospital por “múltiples hematomas en la cara, marcas en las muñecas, contusiones en el pecho, dolor cervical y molestias generales en todo el cuerpo”, según consta en el informe médico del hospital de Lagos; la Audiencia de Madrid ha reabierto este caso después de que un juzgado lo archivara al darle credibilidad a la versión policial que afirmaba que esta persona se autolesionó.Sin embargo, la continuidad de las diligencias judiciales sobre los malos tratos a Austin Johnson es una excepción.

La abogada de la Campaña por el Cierre de los CIE, Ester Izquierdo, aseguró que casi la totalidad de estas denuncias sobre violencia policial son sobreseídas porque se expulsa a los denunciantes “no respetando su derecho a la tutela judicial efectiva e impidiendo que se investiguen los malos tratos”.

Además de estos casos, la portavoz de la Campaña, Ana Fornés, expuso las múltiples irregularidades detectadas en el funcionamiento del CIE de Zapadores a través de los testimonios de las 332 personas (80% hombres y 20% mujeres) que fueron acompañadas el pasado año (en total, desde 2010 se ha realizado apoyo psicosocial y jurídico a 655 personas internadas y a muchos de sus familiares y amigos), “deficiencias que coinciden en los otros CIE del Estado español”. Zapadores no sólo carece del preceptivo servicio de asistencia social sino que las personas no pueden realizar ningún tipo de actividad cultural o recreativa, salvo algún juego de mesa, ver televisión o dar patadas a un balón; esto aumenta el estado de ansiedad en el que se encuentran al no comprender por qué están encerradas si no han cometido ningún delito.

Falta de información

A todo esto se añade la falta de información sobre su situación jurídica; dificultades para solicitar asilo y contactar con ONG; existencia de dos celdas de aislamiento sin criterios reglamentados sobre su uso; visitas de familiares limitadas y sin posibilidad de contacto físico; insuficiencia en los productos de higiene y vestuario entregados; falta de regulación térmica en las duchas (el agua sale helada o hirviendo); imposibilidad de usar el baño por la noche lo que les obliga a hacer sus necesidades en la misma celda, etc. Y, por último, se les somete a la terrible incertidumbre de no conocer su destino: no se avisa con antelación de la fecha de expulsión por lo que se impide la despedida de los seres queridos que dejan atrás y la acogida en el lugar al que llegan.

Estas irregularidades fueron corroboradas en la presentación del informe ante los medios de comunicación por un ciudadano de origen subsahariano que fue recluido en Zapadores a finales del pasado año. Esta persona denunció que fue engañada por unos policías que se hicieron pasar por contratistas y le ofrecieron trabajo, “me pidieron que les enseñara mis papeles y cuando lo hice me llevaron al calabozo, y de ahí, al CIE, donde estuve 50 días”.

Sin agua potable

En Zapadores “no había calefacción, el agua de la ducha salía muy fría o muy caliente,teníamos que comprar el agua en las máquinas o beber de los grifos de los baños, que estaban muy sucios, ya que sólo nos daban un litro para cuatro personas al mediodía y por la tarde. Además, oímos como un día un policía pegaba a alguien”, afirmó. Este caso es un ejemplo paradigmático del incumplimiento del anuncio del Ministerio del Interior de que no se practicarían redadas con criterios étnicos y que no se encerraría en los CIE a las personas sin antecedentes penales o policiales que puedan demostrar su arraigo en España.