Una decena de ONGs marroquíes piden a la ONU observadores internacionales en la valla

Luis de Vega

Denuncian el traslado forzoso de cientos de emigrantes a Rabat, muchos heridos o menores de edad, tras ser detenidos en los alrededores de Ceuta y Melilla

Los dos lados de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla deben contar con observadores internacionales, según han reclamado una decena de organizaciones no gubernamentales marroquíes a Naciones Unidas y al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una institución local impulsada por el rey Mohamed VI.

La petición coincide con los intentos llevados a cabo en las últimas semanas por parte de sientos de subsaharianos para acceder a España saltando las verjas alambradas en grandes grupos.

De esta forma esos observadores podrían documentar de manera independiente «las graves violaciones de los derechos de las que son objeto los emigrantes y ponerlas en conocimiento de las autoridades responsables», según reclaman en un comunicado esas organizaciones entre las que se encuentra Cáritas, Gadem, Tierra de Hombres o la Fundación Oriente Occidente.

Todas denuncian el incremento de las llegadas a Rabat desde el pasado diciembre de autobuses con cientos de emigrantes subsaharianos, algunos menores de edad, a los que las Fuerzas de seguridad trasladan «a la fuerza» desde los alrededores de las dos vallas fronterizas e incluso desde el otro lados de las verjas.

«Algunos afirman haber sido interceptados en alguna tentativa de superar la frontera», otros que han sido «arrestados en las calles, en su lugar de residencia en los bosques o en territorio español», señala el comunicado. Califican esos cientos de deportaciones internas de «crisis humanitaria» en Rabat. De hecho, la sede en la que Cáritas los atendía en la capital del reino se ha visto obligada a cerrar por saturación.

Afirman que cada vez son más los casos de los emigrantes que llegan heridos con «fracturas y traumatismos» por la «violencia ejercida por las Fuerzas Auxiliares (marroquíes) o la Guardia Civil cuando fueron arrestados».

En este sentido, las organizaciones solicitan, además de los observadores internacionales, que Marruecos «ponga fin a la violencia durante las detenciones» y que Epaña «ponga fin a las expulsiones ilegales» de los emigrantes que logran entrar en Ceuta y Melilla.

Las ONGs recuerdan las palabras de Mohamed VI cuando el pasado septiembre anunció una nueva política migratoria en el país «respetuosa con los derechos humanos».

Barrios como el de Takadum, en Rabat, son desde hace más de una década el escenario donde cientos de subsaharianos – seguramente miles – tratan de ganarse la vida con la mente puesta en pasar a Europa. Para muchos Marruecos se ha convertido en un tapón del que no logran salir en años. Muchos acaban siendo vícitmas de comportamientos racisas, por eso algunas organizaciones locales acaban de lanzar la campaña «Yo no me llamo Negro».

El reino alauí ha abierto un periodo excepcional de regularización de extranjeros durante 2014, aunque organizaciones como Gadem reconocen que la gran mayoría de las solicitudes están siendo rechazadas. Como requisitos les exigen llevar en el país magrebí al menos cinco años o dos con contrato de trabajo, haberse casado con algún marroquí o haber nacido en el país o estar aquejado de una enfermedad grave.

Por orden también del rey se empezó a dar papeles a los refugiados reconocidos por el Alto Comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En ambos casos los inmigrantes podrán acceder al mercado laboral, a la sanidad o a la eduación.

aus: ABC.es